Distintos estudios han demostrado el bajo nivel de conocimiento que tienen los ciudadanos en Chile sobre sus derechos frente al sistema de justicia y los ámbitos de acción de sus actores, lo cual se traduce en baja confianza y satisfacción respecto a la justicia.
El Departamento de Estudios Sociales de la Universidad Católica (DESUC), en conjunto con la Defensoría Penal Pública, en 2018 realizaron un estudio cuantitativo a nivel país en el cual destaca un alto grado de desinformación y desconfianza frente al sistema, problemática que desde la institución se busca resolver a través de la propuesta de
Justicia Abierta. En este sentido destacan datos como:
En la misma línea, las mesas de co-creación realizadas en el país expresan que el sistema de justicia entrega poca información, en formatos poco claros y amigables lo que influye en la baja compresión respecto de su quehacer y la desconfianza en las instituciones. También se representa que se perciben baja coordinación y articulación entre los actores del sistema, así como escasa articulación operativa. Asimismo, otro elemento que aparece es la baja educación y formación ciudadana en el ámbito de los derechos.
Con ello lo que se quiere abordar es el desconocimiento que existe en general con la población en temas de justicia, y por otra parte fomentar la participación y formación ciudadana en esta estas materias.
Acercar la justicia a la ciudadanía a través de la democratización el conocimiento de los derechos de los ciudadanos en materia penal, así como aclarar y transparentar los distintos roles de los actores del sistema de justicia, para mejorar la confianza en las instituciones y fortalecer el Estado de Derecho y la paz social.
Esto a través de mesas de participación ciudadana, incorporación del programa de lenguaje claro, implementación de datos abiertos, estrategias de atención de usuarios.
La propuesta Justicia Abierta busca acercar el sistema de justicia a las personas, a través de la creación de una mesa coordinación entre los actores del sistema, mediante la cual se establezcan líneas de comunicación con acciones conjuntas, que permitan transparentar el quehacer de las instituciones y facilitar la comprensión del sistema, además de realizar educación en derechos.
Respecto a la Defensoría Penal Pública, la institución además llevará a cabo un programa integral de mejoramiento de los distintos soportes, formatos y puntos de contacto mediante los cuales el servicio se relaciona con sus usuarios y viceversa, otros actores del sistema de justicia y la sociedad en su conjunto.
La base de este programa es que para velar por la dignidad y los derechos humanos de todas las personas y garantizar el acceso a la justicia a aquellos en situación de especial vulnerabilidad, es necesario que la ciudadanía conozca y ejerza su derecho a la defensa.
Para ello, se contemplan acciones que abordan dos ejes ciudadanos definidos en el marco del Gobierno Abierto:
-Eje 1: “Empoderamiento Ciudadano”
-Eje 2: “Retroalimentación del Servicio”
El compromiso de “Justicia Abierta” está fundado en los principios de Gobierno Abierto:
El compromiso de Justicia Abierta comprende acercar el derecho a la defensa a la comunidad, a través de la aplicación de los principios de transparencia, colaboración, participación e innovación, para aportar al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas, el cual, dentro de sus objetivos específicos está orientado a “asegurar el acceso a la justicia para todos”.
Para lograr que existan sociedades pacíficas, justas e inclusivas, se hacen propias las metas específicas del objetivo precedentemente mencionado, las cuales buscan:
El proyecto cuenta con la voluntad y respaldo institucional para su ejecución (estructura organizacional y factibilidad presupuestaria), con el fin de contribuir a modernizar a la justicia chilena para ponerla al día con los desafíos de transparencia que impone la sociedad actual.
Asimismo, el proyecto de Gobierno Abierto se enmarca en dos de los cuatro objetivos estratégicos de la institución, orientados a “[m]ejorar continuamente la calidad del servicio brindado, a través de la especialización de la prestación de defensa penal, la optimización de los mecanismos de evaluación y control, y con orientación a la atención al usuario” y a “[f]ortalecer la difusión de derechos y rol de la Defensoría Penal Pública a la comunidad, en el marco del sistema de justicia criminal, a través de la gestión del conocimiento y su política comunicacional”, respectivamente.
La Defensoría Penal Pública de Chile es líder en la región, siendo Chile uno de los países pioneros en América Latina en el desarrollo de una institucionalidad centrada en garantizar el derecho a defensa y de un trabajo sinérgico en red. En esa línea, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, lidera como Coordinador General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), que agrupa a más de 10 mil defensores públicos de la región. La Defensoría Penal Pública forma parte del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (Blodepm).
La Defensoría es reconocidamente una institución de excelencia. Ha sido finalista en los últimos años en el Premio Anual de la Excelencia Institucional, siendo merecedora de este reconocimiento en 2014, cuando destacó por la mejora en sus tiempos de respuesta a usuarios en tramitación de reclamos, buen ambiente laboral, procesos transparentes y participación funcionaria.
Actividad | Duración | Reporte | Progreso |
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Política de Gobierno Abierto |
Enero 2019 – Diciembre 2019 |
100 %
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Conformación de mesa de coordinación para Justicia Abierta |
Enero 2019 – Diciembre 2019 |
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50 %
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Programa de lenguaje claro |
Enero 2019 – Diciembre 2019 |
100 %
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Datos abiertos |
Enero 2019 – Diciembre 2019 |
100 %
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Estrategia multicanal de atención al usuario |
Enero 2019 – Diciembre 2020 |
100 %
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Porcentaje Total | 90% |
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Responsable | Javiera Nazif Muñoz | |
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Cargo | Jefa de la Unidad de Comunicaciones y Participación Ciudadana | |
Institución | Defensoría Penal Pública | |
Correo electrónico | javiera.nazif@dpp.cl |